Negociaciones secretas sobre el PGOU (Alcalá de Henares, 2002)

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El jueves 31 de octubre [de 2002] los concejales Javier Ocaña (PDNI), Francisco Calles (IU) y Jesús Domínguez (PP) dieron en el ayuntamiento una rueda de prensa en la que declararon secretas las discusiones sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los tres afirmaron que sólo darán a conocer la redacción definitiva del plan, dentro de por lo menos un año. Por tanto, los alcalaínos no podrán conocer las deliberaciones de este plan de urbanismo que alterará el diseño de la ciudadd para el resto de sus vidas.

El concejal de Urbanismo, Javier Ocaña, acudió a la rueda de prensa en representación del PSOE y dijo: “Queremos en primer lugar dar cuenta de las negociaciones sobre el PGOU entre PSOE, IU y PP y en segundo lugar mostrar la disposición de los tres partidos a lograr un consenso en el PGOU. El urbanismo es una cuestión fundamental y por eso debe separarse del fragor político de cara a los ciudadanos, reservando la batalla para la mesa interna. Es lo que vamos a hacer en un ejercicio de responsabilidad de los tres grupos“.

Jesús Domínguez secundó a Ocaña: “Esto lo queremos los tres grupos con representación municipal, es decir, el 100% de la población. La postura unánime de los tres grupos es no hacer debates en público, sacar el PGOU de la lucha electoral y buscar el consenso en urbanismo. Por cierto, ya estamos de acuerdo en un 90% del PGOU.

A continuación hablo Francisco Calles. “Poco puedo añadir yo. El urbanismo es lo más importante de una ciudad ya que diseña su futuro para  muchos años. (…) Debemos reunirnos, discutir y diseñar cuantas veces sea necesario, pero no en público. El 10% del PGOU en que no estamos de acuerdo lo discutiremos y cada uno cederemos para llegar a un acuerdo final en esta cuestión (…).

Ocaña: “Insisto en que es necesario no atraer las diferencias, porque si mañana el periódico las publica, los ciudadanos las conocerían y nos enquistaríamos en nuestras discrepancias. Es necesario tranquilizar a los ciudadanos y a los promotores urbanísticos para que sepan que el PGOU se mantendrá aunque cambien los gobiernos municipales” (…)

[Publicado en ‘Puerta de Madrid’ el 2 de noviembre 2002]

 ¿Espeluznante, verdad? Para contextulizar el texto de la noticia os recordamos que en ese tiempo PSOE e IU gobernaban en coalición en Alcalá.

A veces se obvia que tal vez el actor principal en la burbuja inmobiliaria actual fueron las corporaciones locales que eran las que, al fin y al cabo, tenían que dar las licencias de construcción y dar terrenos para infraestructuras; a su vez, con el aumento de población y actividad económicas se  beneficiaban de ingresos y beneficios administrativos ante las comunidades autónomas o el gobierno central.

Y esa política urbanística y de vivienda solía ser poco beneficiosa socialmente porque lo único que interesaba era crecer por crecer para seguir manteniendo el ciclo, y la burbuja. Lo cuenta mucho mejor que nosotros/as la gente del Obsevatorio Metropolitano en su librito “La apuesta municipalista“:

El diseño territorial del Estado español ha terminado por estar radicalmente subordinado a la «especialización inmobiliaria» de su economía, lo que se puede considerar como su verdadera constitución o su «constitución real». Las entidades subestatales, como las comunidades autónomas, pero muy especialmente los ayuntamientos, han acabado así por realizar las funciones económicas necesarias para que los ciclos inmobiliarios tengan la mayor intensidad, extensión y duración posibles. (p.83)

De este modo, se observa que lo que había sido pensado como instituciones para una democracia arraigada y de base local, se ha convertido en el sustrato para un modelo caciquil de base inmobiliaria. (p.83)

 Existe además otro elemento que forma parte de este modelo territorial, y que tiene que ver con una estructura del Estado que ha tendido a delegar en las escalas territoriales más pequeñas algunas importantes competencias relacionadas con el gasto social y las infraestructuras. Esto ha supuesto tanto la aparición de importantes aparatos de Estado pero de carácter subestatal que han expandido los nichos de empleo público para las clases medias locales, así como jugosas partidas presupuestarias que han podido captar y controlar, y en su forma más extrema privatizar, las diferentes coaliciones de élites que gobiernan las máquinas de crecimiento locales. Sobre todo en el caso de los ayuntamientos, a los que podemos considerar la parte pobre del Estado, este elemento ha terminado por generar una total dependencia de los niveles de actividad generales que provoca el ciclo inmobiliario. Así se ve, de forma patente, en lo relativo a los impuestos vinculados al valor patrimonial como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) u otros vinculados a la producción de nuevo suelo urbano: licencias de obras, licencias de reforma, además de las propias plusvalías obtenidas por la enajenación de suelo municipal. Este elemento, que en la época de crecimiento vinculaba el crecimiento de los precios de la vivienda a una afluencia notable de ingresos a las arcas locales y regionales, una vez metidos de lleno en la crisis, determina su contrario: una radical escasez de recursos y una dependencia casi total de las escalas más altas de gobierno para su normal funcionamiento. (p. 86)

Y como todo esto era “poco bonito” de contar a los pobres ciudadanos que tiene poca cabecita para entender las cosas, o si las entienden enseguida empiezan a conspirar para saber más, pues mejor no contar nada y hacerlo de forma secreta. De ahí a que prolifere la corrupción queda un poquitito así de pequeño.

EPR

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Archivado bajo Alcalá, IU, PP, PSOE, urbanismo

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