Fiestas sí, Operación Punica también

El periódico Diagonal publica en su último número (disponible en quioscos hasta el 8 de julio) un artículo dedicado a mostrar cómo el PP ha usado las fiestas para intentar desactivar a asociaciones y, en concreto, los contratos de dichas fiestas para favorecer a sus amigos o directamente crear tramas corruptas.

Da la casualidad que el artículo salía la misma semana en que una ex concejala del PP en Alcalá de Henares, Virginia Sanz, y otras personas, entre ellas el dueño de Water Music (aparece varias veces en el artículo de Diagonal).

El artículo también da alguna pista sobre cómo deberían ser unas fiestas realmente populares y no eventos temporales donde prima el ocio consumista, que a su vez desarticula el tejido social y crea alienación cultural.

Sobre el tema de ferias y casetas de organizaciones sociales y políticas hemos publicado ya varios posts, nos permitimos recomendaros la lectura (o relectura) de estos dos:

¿Tienen sentido las Ferias en Alcalá en 2011?

Izquierda, casetas y coherencia

EPR

Fiestas populares de espaldas a los barrios

Las fiestas populares han pasado progresivamente de ser un espacio de encuentro y fortalecimiento del tejido asociativo de barrios y pueblos a ser festejos organizados desde los gobiernos, sin participación ciudadana y, en muchas ocasiones, puerta de entrada para la corrupción. El caso de Madrid es sólo un ejemplo de lo que sucede en gran parte del Estado. Colectivos y asociaciones siguen en lucha por unas fiestas participadas y autogestionadas, en las que los actores vecinales recuperen el protagonismo. En los últimos años, una de las dinámicas en Madrid ha sido la concentración o desaparición de las fiestas populares. (…) Concentrar las fiestas de los barrios [de un Distrito de Madrid] en una sola tiene como objetivo debilitar este espacio importante para vecinos y vecinas, de intercambio entre la gente. (…)

Para poner en marcha las fiestas de los barrios, el Ayuntamiento de Madrid saca a concurso, a través de las Juntas de Distrito, un contrato público para la programación cultural de unas fiestas en concreto, o de un paquete de ellas, a cambio de una determinada suma a cobrar por la empresa –con la rebaja económica como principal baremo–. Un segundo contrato va destinado a cubrir la gestión del recinto ferial –instalación de los puntos de luz, puestos de feriantes, escenario, baños químicos, escenario y grandes grupos–. En este segundo contrato es el adjudicatario el que se compromete a pagar una suma al Ayuntamiento, que paga en especias con la puesta en marcha de las fiestas, y que recupera con el arrendamiento de los puestos de feriantes. El dinero vuelve a ser el principal baremo. Además de los puestos de feriantes, en las fiestas se reservan varias casetas para partidos políticos y otras tantas más que se sortean entre las asociaciones de cada barrio. Las fiestas populares han significado la principal vía de financiación de muchos colectivos. (…) Las fiestas son un buen momento para asestar un golpe a los agentes vecinales ‘incómodos’(…)

Virginia Sanz y Esperanza Aguirre

Virginia Sanz y Esperanza Aguirre. Un mismo modelo de fiestas populares. Foto tomada del perfil de Facebook de Virginia Sanz

En el caso de Alcorcón, “desde que el PP está en el Ayuntamiento, la dinámica ha sido achicar espacios a propuestas culturales populares autoorganizadas y desalojar las casetas de las propuestas políticas de izquierdas (…) la del PCPE (…), la de la asociación Castilla Comunera y la de la Asociación Cívica por los Derechos Sociales. Estas tres asociaciones hicieron piña para crear en 2012 las Fiestas Populares y Autogestionadas de Alcorcón (..)

En muchos casos, el subarrendamiento de las casetas es un camino más hacia la privatización: “Se permite que las adjudicatarias –asociaciones, partidos o sindicatos– de las casetas subarrenden la gestión a em presas hosteleras, generando beneficios para entidades privadas y quitando espacio para asociaciones que gestionan por sí mismas las casetas. Estas prácticas han sido continuamente denunciadas por los colectivos de la ciudad”, explica José Luis. Fiestas en Lavapies El caso de Lavapiés es especialmente sangrante. En los últimos años, la Junta de Distrito Centro ha adjudicado la programación cultural del paquete de fiestas de San Lorenzo, La Paloma y San Cayetano a Waiter Music, empresa implicada en la trama Púnica y que en los últimos cuatro años se ha llevado también contratos para las fiestas de (…) Coslada y barrios de Madrid. De su mano, la empresa Ideas SL, de Luis Gorrachategui, conocido como ‘El churrero’, es la tradicional adjudicataria de la gestión del recinto ferial. También (…) las fiestas de Alcobendas, de Torrejón de Ardoz y Algete.

(…) Varios colectivos de Lavapiés han comenzado y conversaciones con la Junta de Distrito Centro para intentar recuperar las fiestas. Aunque este año las licitaciones de los dos contratos impiden que se haga un cambio profundo en su organización, el nuevo concejal del distrito, sí ha afirmado que van a trabajar para impulsar nuevos espacios en las fiestas que estén abiertos a la participación de los colectivos de Lavapiés. (…).

“Que se cuente más con las entidades ciudadanas con presencia en el barrio. Que se haga una comisión de fiestas que realmente funcione, que no sólo se nos comuniquen las decisiones ya tomadas, sino que sea un trabajo participativo”, demandan desde Aluche. “Que se prohíba que las asociaciones, partidos o sindicatos puedan subarrendar la gestión de sus casetas y sea obligatorio trabajarlas por sí mismos”, añaden desde Alcorcón. Y, por encima de todo, “que se devuelva la gestión de las fiestas a sus principales protagonistas: los vecinos y vecinas”.

Púnica: la trama de corrupción se va de festejos

El 27 de octubre de 2014, 57 políticos, ediles y empresarios eran detenidos en una macrooperación de la Guardia Civil, ordenada por la Audiencia Nacional, en el marco de una investigación sobre corrupción municipal y regional. Entre los implicados en la trama, Lucía Fígar(…) , y también José Luis Huerta Valbuena, socio único de Waiter Music (…). Huerta, imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y fraude, habría dado sobornos a distintos gobiernos municipales y regionales a cambio de contratas públicas relacionadas con la organización de fiestas y conciertos en los que se aplicaba un sobrecoste. En algunos municipios madrileños, como Coslada, regalaban el contrato para las fiestas a Waiter Music a través de procedimientos negociados sin publicidad. Y es que, como declaraba la propia web de la empresa, Waiter Music “no trata con clientes, sino con compañeros de ayuntamientos”.

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Archivado bajo Alcalá, Fiestas populares, PP

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